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¡Nueva justicia, nuevo abogado!


El Decreto 2718 del Presidente de la República, del 7-2-2017, en el marco de “la construcción del socialismo” y “la refundación de la patria venezolana”, ha creado la “Misión Justicia Socialista”.


El Decreto 2718 del Presidente de la República, del 7-2-2017, en el marco de “la construcción del socialismo” y “la refundación de la patria venezolana”, ha creado la “Misión Justicia Socialista”. En otras palabras -sin lugar a dudas- se ha decretado oficialmente lo que ya el TSJ ha sentenciado una y otra vez: “la justicia revolucionaria”, al margen del derecho y por ello, precisamente, al margen de la justicia.

Aunque se invocan normas de la Constitución o de las leyes, se impone el Plan de la Patria y son traidores a esta todos los que no ajusten su conducta a la “ética socialista”, como lo contempla el Código Penal de Cuba que, a la letra “considera estado peligroso la especial proclividad en que se halla una persona para cometer delitos, demostrada por la conducta que observa en contradicción con las normas de la moral socialista” (Artículo 72).

Y el Artículo 103.1 del mismo código castiga a quien “incite contra el orden social, la solidaridad internacional o el Estado socialista, mediante la propaganda oral o escrita o en cualquier otra forma;…”

Por este mismo camino se pretende  que transite Venezuela, en contra de su profesión de fe democrática, avalada por una Constitución que propugna como valores superiores “la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político” (Artículo 2º).

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El TSJ le quita hasta la chequera a la Asamblea Nacional


El TSJ le quita hasta la chequera a la Asamblea Nacional


cheque-notaEl pasado año 2016 se caracterizó por el constante ataque del Tribunal Supremo de Justicia a la Asamblea Nacional, actitud que tuvo su clímax cuando esta última fue declarada en desacato a las decisiones del máximo tribunal; lo que ha servido de excusa para anularla e impedirle el cumplimiento del mandato que recibió de millones de venezolanos el 6 de diciembre de 2015.

Ahora se suma un nuevo capítulo a esta historia con la sentencia N° 5, dictada el  jueves 19 de enero, con ocasión de una solicitud de amparo constitucional presentada el mismo día del fallo por un grupo de trabajadores de la AN contra su Junta Directiva, por el presunto incumplimiento en el pago de sus salarios del año 2017.

Con este amparo constitucional acordado en la mencionada sentencia, la Sala Constitucional le ordenó expresamente a la AN que se abstuviera de pagar los salarios a sus trabajadores (activos y jubilados) y, a su vez, le asignó esta competencia al Ejecutivo Nacional por medio de la Oficina Nacional de Presupuesto.

Si bien la Sala alude al derecho al trabajo y la protección del trabajador en su fallo, para Acceso a la Justicia el argumento se reduce fundamentalmente a dos aspectos: el “desacato” en el que se encuentra la AN y la situación de emergencia económica decretada por el Presidente de la República mediante decreto N° 2.667 (G.O. 41.074 del 13 de enero de 2017).

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“En la UCV ganó el presente aguerrido e irreverente”


Rafaela Requesens fue elegida presidente de la Federación de Centros Universitarios, en una jornada con encapuchados y lacrimógenas


ctv-3ra-rafaela-requesensctv-3ra-rafaela-requesenshttp://en-cdnmed.agilecontent.com//resources/jpg/4/9/1487453120094.jpgLa rebeldía de la juventud se hizo sentir el viernes en la Universidad Central de Venezuela, cuando se realizaron las elecciones del gobierno estudiantil en las que Rafaela Requesens resultó elegida presidente de la Federación de Centros Universitarios con 6.837 votos, según el conteo preliminar. Un día antes de los comicios, la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia suspendió las elecciones de cogobierno estudiantil con una medida cautelar que aseguraba que muchos alumnos, regulares y nuevos ingresos, habían sido excluidos del registro.

En rigor, la sentencia no aludía a las elecciones de dirigentes de la FCU ni de los representantes estudiantiles ante los consejos universitarios, de facultad y de escuela.

“El TSJ se quedará con su sentencia en un gaveta”, dijo Requesens a través de Twitter, un día antes de convertirse en la segunda mujer líder de la federación. A la decisión del tribunal se le sumaron actos vandálicos el día de la elección: en la Facultad de Derecho lanzaron bombas lacrimógenas y robaron una caja con votos; también en Trabajo Social detonaron lacrimógenas, y grupos encapuchados amedrentaron a los periodistas que daban cobertura al proceso.

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Las sanciones de los directivos de CONATEL

CONATEL sintonizado con el PSUV

Justicia Socialista otra vez en la agenda política.

Carlos Romero Mendoza – Politica UCAB

El Presidente Maduro anuncia la Misión Justicia Socialista, a través de la cual amenaza con promover el estudio, difusión y desarrollo de un nuevo derecho, que aparentemente será el producto de procesos constituyentes populares, ello en el marco de algo que el gobierno llama constitucionalismo independentista de los pueblos. Pero, además, esa Misión también se plantea entre sus objetivos la tarea de transformar la concepción de la profesión de abogado y su ejercicio, a partir de una nueva ética profesional.

La creación de la Misión que ha cobrado titulares en todos los medios digitales no resulta novedosa, así como tampoco lo son los objetivos planteados en el Decreto que crea la Misión Justicia Socialista, publicada en Gaceta Oficial No. 41.090 del 7 de febrero de 2017.

Es útil recordar que la Universidad Bolivariana de Venezuela, a través de su programa de formación en estudios jurídicos, prepara a sus egresados para que puedan actuar en el marco de un modelo de Justicia Socialista, tal y como se puede apreciar en la información oficial que la web de la Universidad brinda sobre las áreas de desempeño de sus egresados de estudios jurídicos[1].

Desde al año 2010, cuando se graduaron los primeros abogados egresados de la Universidad Bolivariana de Venezuela, el expresidente Hugo Chávez[2], quien presidió el aquél acto de graduación, anunció la creación de la Misión Justicia Socialista y advirtió en ese momento que a través de esa Misión se transformaría la realidad socio-jurídica de cada comunidad y se promovería nuevos actores para transformar el sistema judicial.

La Misión Justicia Socialista ha encontrado su centro de operaciones en la Universidad Bolivariana de Venezuela[3], según información pública, allí se ha venido impulsando ese modelo a través de distintas actividades, una de ellas fue en 2012, en ocasión del segundo aniversario de la Misión, a través de un Foro en el que participaron egresados de estudios jurídicos de la UBV y cuyo objetivo fue sistematizar las experiencias obtenidas en cada estado, casos atendidos, consejos comunales y comunas en construcción y comunidad organizada que han recibido asesoría jurídica entre otros aspectos[4].

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Bombas lacrimógenas empañaron comicios estudiantiles en la UCV


El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa denunció agresiones a periodistas de tres medios de comunicación que cubrían los sufragios


Secuestros en la UCVSecuestros en la UCVLas elecciones estudiantiles en la Universidad Central de Venezuela se desarrollaron bajo un clima de tensión, luego de que al mediodía grupos violentos y motorizados lanzaron bombas lacrimógenas en los alrededores de la Escuela de Derecho, y de que se registraron robos y agresiones a miembros de la comunidad universitaria y a periodistas que acudieron a cubrir los comicios.

Cerca de las 5:30 pm el presidente saliente de la Federación de Centros Universitarios, Hasler Iglesias, denunció que las urnas electorales de la Escuela de Derecho habían sido vulneradas y que el material fue quemado. A las 7:30 pm informó que detonaron bombas lacrimógenas en la Escuela de Trabajo Social.

“Intentan presionarnos con violencia, pero no lo lograrán… ¡A defender nuestras elecciones!”, indicó a través de su cuenta en Twitter. También señaló que hubo intimidación hacia los candidatos, pero llamó a los ucevistas a no doblegarse ante actos de saboteo.

Debido a los gases lacrimógenos, los bomberos de la UCV tuvieron que atender a varias personas que resultaron afectadas. Otra irregularidad que se registró fue el retraso en el inicio del proceso en escuelas como la de Educación, porque estudiantes que simpatizan con el oficialismo pretendieron paralizarlo. Aún así los alumnos asistieron a votar.

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Universidades públicas pueden quedarse sin direcciones de Internet por deuda de $7.200

El Latin America and Caribbean Network Information Centre exige el pago de 300 dólares anuales a 12 instituciones públicas por las direcciones IP (de acceso a Internet) que utilizan. El organismo encargado, el Centro Nacional de Tecnologías de la Información, tiene hasta el 6 de marzo para cancelar la deuda


internet

La academia venezolana puede dejar de tener un catálogo en línea debido a la deuda que tienen con el Latin America and Caribbean Network Information Centre (Lacnic) desde el año 2015, que debe ser cancelada a través del Centro Nacional de Tecnologias de la Información (Cnti) antes del 6 de marzo.

“Todo el catálogo académico dejaría de estar disponible en Internet. Además, dejaría de funcionar la red interconectada y los dominios .ve (…) Lacnic entrega las direcciones IPv4 e IPv6 a los organismos, pero son dos años de deuda y ya desde 2016 están presionando por el pago, pues no existe ninguna circunstancia extraordinaria para dejar de hacerlo”, explicó Alejandra Stolk, jefa de redes y conectividad de la Universidad de los Andes (ULA), en contacto con El Estímulo.

Lacnic, por su parte, asegura que sólo estas instituciones tienen deudas con el organismo. Actualmente sirven a 65 entidades en Venezuela.

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La corrupción en Colombia es producto de un Estado excesivamente grande

La recién aprobada Reforma Tributaria, con la cual se introducen nuevas categorías y mayores niveles de tributos es una magnífica oportunidad para discutir sobre la relación entre el tamaño y la función del Estado y el desarrollo económico y el bienestar de la población.  Las imposiciones de nuevos tributos han sido frecuentemente catalizadores de grandes cambios políticos.

(Pixabay) ColombiaEn Colombia, durante los últimos cinco años, el recaudo de impuestos ha crecido a un 13 % compuesto anual.  El recaudo de impuestos como proporción del PIB ha pasado de alrededor 10 % a algo más del 15 %.  El aumento de este indicador ha sido señalado por el gobierno como algo positivo para el país, por aproximarse a los niveles de las economías desarrolladas.

Las grandes economías europeas, cuyas organizaciones estatales crecieron muy significativamente durante la segunda mitad del siglo XX, tienen este indicador por encima del 30 %.  En Estados Unidos el recaudo de impuestos federales ha fluctuado alrededor del 18 % del PIB desde fines de los sesenta, elevándose hasta el 20 % al final del siglo XX y disminuyendo hasta el 15 % del PIB en el 2011 (David Wessel, Red Ink Inside the High-Stakes Politics of the Federal Budget, CPG 2012). Claro, suponer que un alto recaudo de impuestos nos va a convertir en un país desarrollado es, por decir lo menos, ingenuo.

El indicador, simplista por si, tiene problemas de definición que lo pueden desdibujar por completo y hacerlo inútil como parámetro comparativo.  En Colombia, por ejemplo, los impuestos locales, en ICA y predial, son cuantiosos, así como los “parafiscales”, que son inexistentes en muchas economías desarrolladas.  Cuando se suman ambos conceptos a los impuestos nacionales, los niveles de tributación con respecto al PIB aumentan hasta en cinco puntos.

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18 universidades irán a paro el miércoles.

Fapuv declaró en emergencia su sistema de previsión social. El Ejecutivo insistió en que la medida pretende garantizar la transparencia administrativa

imageLos 18 gremios que integran la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela acordaron ayer el llamado a una paralización de actividades por 24 horas para el próximo miércoles 25 de enero para rechazar la creación de un Sistema Integral de Salud del Ministerio de Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, figura con la que el ministerio asumirá la gestión en materia de salud y previsión de los docentes universitarios en reemplazo del administrado hasta ahora por los profesores a través de Institutos de Previsión del Profesorado, fondos mutuales y universidades.

Además del paro, los profesores comenzarán una agenda de manifestaciones en la que no se descarta la convocatoria a un paro general, explicó Lourdes Ramírez de Viloria, presidente de Fapuv. “Nos declaramos en rebeldía ante esta arbitrariedad por parte del Ejecutivo; nuestro sistema de salud y previsión social está en emergencia”, señaló.

Ramírez indicó que las protestas cesarán solo si el ministro Hugbel Roa accede a reunirse con representantes del sector para llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes y cuestionó la medida que, consideran, menoscaba el principio de autonomía universitaria porque “confisca” la partida presupuestaria de salud de los docentes, además de violar la II Convención Colectiva.

“Pretenden acabar con instituciones fuertes que han demostrado un manejo transparente, efectivo y eficiente de los recursos de HCM e imponernos unas aseguradoras que no cumplen”, afirmó.

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